Western Wasconia, year 1025

Por el tiempo en que Roma desembarcó en Ampurias, las etnias indígenas circumpirenaicas llevaban centuria y media organizadas en comunidades de valle, circunstancia que les convertía a ojos de los colonialistas en entidades estables, susceptibles de ser tratadas como interlocutoras fiables. Lo más atractivo para la potencia conquistadora estribaba en el hecho de que tanto a uno como a otro lado de la gran barrera funcionaban con parámetros organizativos muy similares: jefaturas reconocidas, pautas de actuación, instituciones solventes, economías parecidas y cierta experiencia en las relaciones contractuales.

Bien es verdad que en los últimos ciento cincuenta años habían despuntado en la vertiente peninsular algunas líneas evolutivas que complejizaban la situación. Cabe mencionar cuatro de ellas. En primer término, un creciente enconamiento de las relaciones entre las fracciones que hasta hacía bien poco habían integrado las etnias aborígenes, como sucedía entre los iacetanos montanos y los lacetanos llaneros. En segundo lugar, la intensificación de algunas prácticas económicas complejas, como ocurría con los cerretanos augustanos (airenosios y andosinos) y los cerretanos iulianos, crecientemente implicados en el mercadeo de los productos del pastoralismo porcino. En tercer lugar, el acceso de algunos colectivos a formas geopolíticas novedosas y rompedoras, como acontecía con los iacetanos, articulados recientemente en torno a un potente oppidum o ciudad-estado. En cuarto y último lugar, la difusión del euskara, expandido hasta Andorra y la Tierra de Yanguas por vía de nomadeo y hasta el Adour y las tierras medias navarras por vía de trashumancia y convertido en los siglos previos al cambio de Era en lengua franca de una significativa fracción de las comunidades de valle.

Todas y cada una de estas novedades evolutivas se manifestaron durante la sumisión del mundo circumpirenaico a Roma, cuya aspiración primordial inicial no fue otra que neutralizar los desfiladeros para evitar que se reprodujera el descubierto de vigilancia que estuvo a punto de costarle la existencia a la propia ciudad del Tíber en el arranque de la Segunda Guerra Púnica. Y en tal sentido los pastores euskaldunes estaban en condiciones de jugar un papel importante, pues eran los señores del campo, estaban bien organizados, apenas experimentaban tendencias disruptivas, controlaban los corredores del Pirineo occidental y su prestigio era considerable por el vigor que habían alcanzado su cultura y su lengua. La potencia colonial tomó en consideración todas estas circunstancias y promovió una concertación amable con ellos -probablemente con todas y cada una de las formaciones vallejeras-, valorando el hecho de que el flanco pirenaico aquitano se escapaba todavía a cualquier aproximación.

La entente no solo fue provechosa en origen para las partes contratantes sino que, tras el sometimiento de los iacetanos y de los lacetanos por la fuerza, los romanos consideraron que merecía la pena otorgarle a la alianza con los euskaldunes mayor vuelo territorial e institucional, operación que comportaba el beneficio añadido de concentrar en una sola circunscripción la gestión de la totalidad de los pasos del Pirineo centro-occidental. El resultado fue la agrupación de los euskaldunes, de los iberos cantabrienses, de los iacetanos y de los lacetanos en una entidad político-administrativa de nueva planta, dando vida con ello por obra y gracia de Roma a la renombrada etnia colonial de los vascones.

Dado que ninguno de los colectivos afectados nunca se autodenominó así, sospechamos que el origen del apelativo remontaba al que en su día habían utilizado los viejos iberos cantabrienses -ba(r’)s’kunes- o los celtíberos recientemente asentados en el valle del Ebro –ba(r)skunez– para designar a sus convecinos del norte, los euskaldunes de siempre. La locución se habría prolongado hasta los romanos a través de dos secuencias concatenadas: inicialmente, petrificada en el apelativo que, con ínfulas de capitalidad, había privatizado un oppidum de nueva planta -Ba(r)skun– y, seguidamente, acuñada en las numerosas monedas que emitía como renombrada ceca desde la segunda mitad del siglo II a. C.

Consolidada ya en lo fundamental la presencia de Roma en Iberia, Augusto percibió con claridad en torno al cambio de Era que era imposible proseguir el programa conquistador en los confines del mundo civilizado sin apoyo tributario del campesinado agropecuario, que, o bien nunca había enraizado en los bosques de Centroeuropa (limes septentrional), en los desiertos norteafricanos (limes meridional) y en las aguas del Atlántico (limes occidental), o bien mediatizaban los partos (limes oriental). Para minimizar los efectos del parón militar que se avecinaba, decidió poner al día la trama administrativa, sentando las bases constitutivas de los Conventus Iuridici. Sabemos por Plinio que lo hizo respetando la idiosincrasia y territorialidad de las etnias con la finalidad de hacerles más llevadera la inserción en la administración militar, jurídica y fiscal. La creación de los Conventus nos parece relevante, pues vino a fortalecer el encuadramiento institucional de los vascones, que, además de formar parte ya de la Provincia Citerior Tarraconensis, quedaban ahora adscritos al Conventus Caesaraugustanus.

Los visigodos entraron en el Imperio huyendo de los hunos el año 376 y, como tantos otros pueblos, trataron de labrarse un futuro en su interior. Tras diversos tumbos por Oriente, se movieron hacia el centro y el occidente del Mediterráneo, encontrando finalmente el año 418, bajo el mandato de Wallia, una tierra de promisión en el suroeste de la Galia como federados de Roma con el compromiso de liberar Hispania de los devastadoras correrías de suevos, vándalos y alanos.

Desde el reinado de Eurico (466-484) se desentendieron del Imperio e intentaron dotarse de un reino a caballo de los Pirineos, proyecto que, con no pocos agujeros negros, cristalizó entre el Golfo de Cádiz y el curso del Loira en sus mejores momentos. El asesinato del gran rey provocó, sin embargo, su desmantelamiento, cuarteado por la arrolladora expansión de los francos, por la animadversión de una parte significativa de la aristocracia aquitana y por el visceral rechazo del arrianismo que cultivaban los galorromanos. Los coletazos finales son bien conocidos: en oleadas intermitentes primero y de forma masiva el 508, los visigodos abandonaron el grueso de la Galia tras la derrota de Vogladum.

A comienzos del segundo cuarto del siglo VI, del reino de Eurico apenas quedaban dos cosas al norte de los Pirineos: un ámbito administrativo más o menos indemne en la Narbonensis I -el Reino de Tolosa de la historiografía hispana- y una difusa intención de recuperar el territorio perdido. A cierto plazo, pues, la pugna de los visigodos por mantener sus posiciones en la Galia terminó mal y, con ella, el intento de buscar un hogar estable como herederos del Imperio. Al final no les quedó otra opción que hacerse un hueco en la fracción hispana del descalabrado reino de Eurico.

Los francos, por su parte, entraron en Imperio en el siglo III. La facción de los salios se instaló en la Gallia Bélgica como federada y, bajo el mandato de Clodoveo, alcanzó el curso del Loira el 476 tras haber concitado bajo su liderazgo al resto de los francos y a la generalidad de los galorromanos. Después, se movieron con rapidez desde el noroeste hacia el sur y sometieron a los visigodos el 507, a los burgundios el 534 y a la réticos el 537.

Aunque el proceso de construcción no fue idéntico, lo sustancial de la aventura geopolítica de los visigodos se parece a la de los francos en que, a cierto plazo, los dos colectivos consiguieron dotarse de entidades estatales estables. A ello cabe añadir otra semejanza relevante: ambos fracasaron por igual cuando trataron de apurar el conflicto, aquéllos en su afán por recuperar el territorio perdido en la Galia y éstos en el deseo de poner un pie en Hispania. Los visigodos fueron frenados en Saintes el año 531, en tiempos del rey Teudis, y los francos en la campaña de los cinco reyes contra la Tarraconensis el 541 y en las intentonas promovidas por Gontrán los años 565 y 585. Arruinadas tales expectativas, el espinazo del Pirineo se convirtió en la frontera canónica entre unos y otros, reproduciendo el viejo limes entre la Tarraconensis y la Aquitania III Novempopulana.

Para mejor entender el inmediato futuro, conviene recordar que esta divisoria, establecida por Roma medio milenio antes, cortaba administrativamente por mitad en sentido latitudinal el ámbito cultural configurado en el Pirineo centro-occidental por las euskaldunizaciones tantas veces citadas, aunque, al mantenerse la totalidad del hogar pastoril en el seno de un mismo y solo estado -el imperial romano-, la funcionalidad de las comunidades de valle no experimentó contratiempos ni sufrió desgarros. El producto resultante fue, por tanto, un escenario complejo, separado por la ecogeografía y la geopolítica pero unido por la cultura y la socio-economía. De ahí que desde muy pronto prosperaran a ras de suelo nociones geográficas y culturales que denotaban tanto la diferencia –Wasconia allende y Vasconia aquende- como la semejanza: el genérico Vasconias, acuñado para designar el conjunto espacial -emplazado a uno y otro lado de la divisoria de aguas- en que los suevos causaron estragos a mediados del siglo V.

No cabe, pues, dudar de la vitalidad del mundo pastoril enganchado al espinazo pirenaico y destilado por las vertientes hasta latitudes relativamente bajas. Más inciertas eran sus expectativas de futuro: ¿en caso de desfallecimiento del Imperio, podría sobrevivir dicho constructo a las tensiones generadas por fuerzas tan encontradas como la fragmentación que promovían la geografía y la política y la convergencia socio-económica y cultural que reclamaban con urgencia extrema las comunidades de valle?

Como bien sabemos, las agresiones de los franco-aquitanos contra Wasconia en su afán por someter a control político y fiscal a los montañeses de tradición euskaldún que habitaban el espacio que mediaba entre la línea de cumbres y el curso del Adour desbarataron la estabilidad de las comunidades de valle y provocaron una furibunda reacción de los naturales, pues se jugaban la supervivencia. No eran, ciertamente, unos cualquiera. Se trataba de colectivos bien organizados, que se movían ágilmente a caballo por los vericuetos serranos. Su personalidad venía determinada, lógicamente, por la actividad pastoril y por la estabilidad de su cultura pero también por los conocimientos acopiados durante el medio milenio largo que compartieron con Roma. Ni los aquitanos en su acendrada propensión romanizante, ni los francos en su obsesión por dotarse de un estado se habían ocupado de conocerles a fondo y les calibraron particularmente mal cuando decidieron imponerles por la fuerza su voluntad.

En la vertiente meridional, la colisión entre hispanogodos y euskaldunes no fue provocada sino sobrevenida y se desarrolló de manera estratégicamente diferente según escenarios. Reccaredo desactivó el bandidaje del Baztán el 588 mediante el desalojo de una fracción significativa de los revoltosos hacia los antiguos territorios de aguas al mar de caristios y várdulos. Se trataba de espacios que sobrevivían todavía al margen del reino hispanogodo, donde los desplazados pusieron pie prevalidos de su número, de su organización y de su cultura. Como muy tarde, desde finales del siglo VI se encontraban en condiciones de ofrecer protección a los desnortados hispanorromanos que desde hacía una centuria penaban por la zona sin ningún tipo de amparo.

Al margen del segmento de la cornisa cantábrica que permanecía irredento, en el amplio espacio que mediaba entre la vertical de Pamplona y el curso del Cinca, el bandidaje inicial se transformó pronto en mercenariato y la estrategia empleada para neutralizar una y otra práctica fue diferente: las correrías predatorias fueron desbaratadas en campo abierto y las comitivas a sueldo fueron sistemáticamente perseguidas y tenazmente reintegradas a las serranías.

Apaciguadas por la fuerza las algaradas, los espacios recién controlados fueron integrados en una misma y sola circunscripción político-administrativa: el comitatus Vasconiae. Sospechamos que fue fundado por Suinthila en torno al 621, tras someter la cuenca de Pamplona y autoproclamarse primer rey visigodo de la generalidad de Hispania. Presumimos que la razón de ser del mismo estribaba en ejercer en la divisoria pirenaica la función de frontón político-militar contra posibles veleidades franco-aquitanas. En anteriores entradas nos hemos negado vehementemente a identificarle con un Ducado de Cantabria que nunca existió en la vertiente meridional del Pirineo Occidental ni en las campiñas del Ebro medio. Es de señalar, sin embargo, que sabemos muy poco sobre él, apenas que le gestionó un comes hispanogodo de nombre Casius -caracterizado como qumis al-tagr (conde de la frontera) tras haber islamizado el 714- y que, a su muerte, le dividió entre sus vástagos, miembros natos de la dawla banuqasi.

Entretanto, los euskaldunes desplazados por imperativo geoestratégico al tramo irredento de la depresión vasca prosperaron de tal manera convertidos en élites gobernantes y en adalides de los desamparados hispanorromanos prelitorales que en la década de los sesenta del siglo VII el mismísimo rey Wamba tuvo que salirles al paso y, tras batirles en el campo de batalla, les adscribió al citado Comitatus Vasconiae. Se trataba de los últimos pervasores/tirani que operaban por libre en la Hispania visigoda, cuya posición dominante habían fortalecido sabiamente adaptándose al agropecuarismo y al cristianismo que practicaban los acogidos a su protección.

Un cierto tiempo después, las Crónicas Asturianas atribuyen a Alfonso I (739-757) el sometimiento al reino astur de las comarcas de Vizkay Alaba, Alaón y Urdunia, pero no las de Berrocia, Degius y Pampilona, precisando que estas últimos siguieron en manos de sus dueños. Nosotros interpretamos que dicha operación fue capitaneada por su hermano Fruela -que actuaba desde Cantabria en función de la división del trabajo que había concertado con el monarca- y que los territorios ahora expropiados no eran otros que los integrados por Wamba el 673 en el Comitatus Vasconiae tras parar los pies a los euskaldunes irredentos y específicamente los mismos que -tras la quiebra del estado hispanogodo a manos del Islam el 711- pasaron a formar parte del espacio fronterizo gestionado por Casius, qumis al-tagr. La expropiación que de ellos realizó Fruela, hermano de Alfonso I, a mediados del siglo VIII fue posible por el profundo estado de postración en que se encontraba por esas fechas la dawla muladí tantas veces citada.

Sobre el brillante panorama eclesiástico-episcopal del centro-norte peninsular se abatieron desde comienzos del siglo VIII dos abominaciones, aunque de muy diferente intencionalidad desbaratadora: desde el 711, el Islam, que actuó de forma contemporizadora, y, desde el 745, los primeros reyes astures, auténtico martillo pilón de la demolición de la trama diocesana hispoanogoda. Al Islam cabe atribuir la precipitada salida del obispo Félix, titular de Calagurris, hacia Los Cameros y Cangas de Onís, tal vez por incompatibilidad existencial con la dawla banuqasi, cuyo ancestro Casius se adhirió al credo musulmán el 714, abjurando del cristianismo en presencia del mismísimo califa de Damasco. Las restantes diócesis del centro-norte peninsular -entre ellas, Auca y Pampilona– no experimentaron, sin embargo, merma funcional alguna, sino, más bien, se beneficiaron de los pactos concertados con los nuevos dueños del campo. Tal fue, por ejemplo, el caso de Valentín de Auca, arropado probablemente durante très decadas por el cuerpo de ejército musulmán acantonado en Las Olmayas.

Otra cosa bien distinta fue lo que ocurrió con los reyes astures Alfonso I y Fruela I desde mediados de la octava centuria. Con manifiesto afán desestructurador, el primero arrastró sin miramientos hacia el norte al obispo de Auca y arrinconó aún más en la Cordillera Ibérica al prelado de Alisana (Alesanco), que se refugio en Tobía. El segundo removió algo después, entre otros, al titular de Uxama Argaela. Finalmente, Valentín de Auca encontró acomodo en la corte regia de Cangas de Onís y Eterio de Osma, en un monasterio del valle de la Liébana.

Los prelados desafectados de sus sedes no se resignaron, sin embargo, al desarraigo. El de Auca, tras acudir con Fruela I a la fundación del monasterio femenino de San Miguel de Pedroso el 759, no tuvo finalmente más remedio que replegarse sobre el litoral cantábrico tras el asesinato de su mentor regio, Fruela I (768). Acaso por sugerencia de Alfonso II, el de Uxama Argaela abandonó la Liébana y se asentó en Valpuesta a comienzos del siglo IX con el nombre de Juan. También se puso en marcha el pontífice de Calagurris, que, tras residir en Cangas de Onís con el nombre de Reccaredo -en compañía de otros prelados astistió el 812 a la consagración de la basílica de El Salvador de Oviedo-, se trasladó con su comitiva familiar a León, atraido por la recuperación de la ciudad para la cristiandad el 845. Desde allí la saga episcopal que representaba se encaminó hacia el monasterio de San Vicente de Ocoitza (Alava) el año 863 con el nombre de Bívere, sentando plaza en Veleya desde el 881 y enterrándose en Bolívar con el nombre de Álvaro el 885. Sin tardar mucho se acomodaría en Armentia.

Los prelados en cuestión actuaban impulsados por el imperativo canónico de residencia, es decir, por la ineludible obligación de retornar con su grey a poco que mejorara la situación. También lo hacían, lógicamente, por interés particular, ya que fuera de sus sedes históricas eran poco menos que nada tanto en el orden institucional como en el socio-económico. Como puede facilmente comprobar el lector a través de la cartografía que ofrecemos, cada movimiento migratorio de los prelados recortaba un tanto más el espacio que mediaba entre su nueva residencia y el emplazamiento de sus sedes originarias.

Los prelados removidos vivían sobre la marcha, encontrando asilo y cobijo en los monasterios, que se convirtieron en sustento primordial durante la ruda edad de hierro que se abatió sobre el episcopado del centro-norte peninsular en los siglos VIII y IX. Sobrevivían del ejercicio a ras de suelo de las funciones que les eran privativas -bautizar y consagrar clerigos y templos-, atendiendo los inexorables relevos generacionales con la inmediata consagración de los miembros más caracterizados de sus menguados séquitos. La desestructuración político-institucional promovida por los monarcas astures -en gran medida interesados en importar personal cualificado (incluido el episcopal) para repoblar su escuálido reino litoral- endosó a la Iglesia del centro-norte peninsular un doloroso varapalo, que la obligó a replegarse sobre sí misma y a mendigar amparo en el monacato, pero no renunció a restaurar la trama desmantelada, manteniéndose vigilante y activa en virtud del imperativo de residencia.

El proceso de reestructuración no siempre concluyó de forma bonancible y acorde con los derechos adquiridos. Así, por ejemplo, en tanto que el titular de Auca retornó honorablemente a casa el 885 con el nombre de Sancho, instalándose en el monasterio de San Felices de Oca al amparo del potente burg levantado en el Arlanzón medio el 884 por Diego Rodríguez Porcelos, el de Uxama Argaela –probablemente con el nombre de Silo- intentó hacer lo propio pero con resultados harto decepcionantes. En efecto, apenas cinco años después de la recuperación de la civitas para la cristiandad el 912, el portillo del Alto Duero se convirtió en el formidable teatro de operaciones en que la cristiandad y el Islam comenzaron a ventilar su porvenir en Iberia. En circunstancias tan caóticas como amenazadoras, el prelado oxomense no pudo por menos que recular el 929 con el nombre de Oveco hacia el castillo de Muñó, paraje situado a distancia de la melée militar, emplazado en el extremo septentrional de la diocesis, donde quedó inerme a la espera de una oportunidad mejor.

En todo caso, nada resultó fácil en ningún sitio. Aun en los procesos exitosos, la reestructuración casi siempre resultó controvertida. El paradigma de la complejidad lo alcanzó la diócesis de Auca, que, para salir adelante, hubo de promover medidas que chocaban abiertamente con los cánones. En efecto, con la finalidad de controlar mejor un escenario tan comolicado como el territorio vernáculo autrigón -que se extendía desde los Montes de Oca hasta el Cantábrico y desde la Sierra de Atapuerca hasta el curso del Nervión- y con la esperanza de mejorar la gestión del mismo -dada la posición excepcionalmente descentrada a efectos administrativos del monasterio de San Felices de Oca, emplazado en el extremo sur de la diócesis-, el obispo Fredulfo (894-906) decidió dividir el espacio jusrisdiccional aucense a comienzos del siglo X en dos ámbitos de gestión diferenciados, aunque subsidiarios entre sí. Él mismo se ocuparía desde Auca del segmento emplazado al sur de los Montes Obarenes y su sobrino Diego haría lo propio desde Vallisposita con el tramo que se extendía hasta el borde cantábrico. Cabe presuponer con la mejor de las intenciones que la temporum neccesitas justificaba hasta cierto punto el carácter doblemente anticanónico de la maniobra: por un lado, la titularidad de dos prelados sobre una misma diócesis y, por otro lado, la relación interparentelar de ambos.